El pasado mes de mayo entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD),  una normativa de la que ya os hemos hablado en más de una ocasión en el blog de LCA Contact Center, nuestra empresa de telemarketing de Barcelona. En pleno debate por la privacidad de los usuarios, sobre todo en lo que se refiere a sus actividades en el sector digital, esta nueva normativa puede interpretarse como el deseo de la Unión Europea de demostrar que negocios y privacidad pueden ir de la mano, a pesar de que los datos puedan acabar siendo la moneda de cambio.

En palabras de Núria Viladrich, abogada y auditora especializada en Entornos Tecnológicos, “este nuevo reglamento pone sobre la mesa los riesgos que puede derivar este intercambio de datos y obliga a las empresas a adoptar medidas al respecto”. Pero, en última instancia, ¿cómo se van a ver afectadas la mayoría de compañías? “Deberán pedir el consentimiento del usuario para utilizar sus datos. La normativa en Protección de Datos, permite al usuario saber quién tiene nuestros datos, qué datos tiene y por qué los tiene. Asimismo, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, supresión o derecho al olvido”, añade Viladrich.

De esta manera, este nuevo contexto que se inicia a nivel empresarial es, asimismo, una gran oportunidad para replantearse si es necesario facilitar toda la información y verificar si las entidades cumplen con el principio de minimización de los datos (que sean los justos e imprescindibles para la finalidad que se han solicitado). En este sentido, también según la experta, la voluntad de cooperación de las empresas necesita verse sustentada por una mayor concienciación de la ciudadanía para que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) pueda implementarse con eficacia y mantenga su sentido después de su aprobación.

Como siempre, en el blog de LCA Contact Center estaremos atentos para contar las novedades que acontezcan sobre este tema tan relevante para todas las empresas (y también los ciudadanos).

Fuente: La Vanguardia